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Está claro que el señor Rajoy llegó a la Moncloa por incomparecencia del adversario, el PP lo mismo podría haber presentado a un murciélago como cabeza de lista electoral, que habría ganado las elecciones de todas formas. Eso les facilitó el llegar al Gobierno con el programa más impreciso y vacuo que se recuerda en España, “bueno, al menos así no tendrán que romper promesas” pensaban algunos: ya que no han prometido prácticamente nada, están con las manos libres para jodernos, pero sin tener que faltar a su palabra, eso sí.

Craso error, solo dos promesas en firme hizo el ahora presidente del Gobierno, dos únicos mensajes dejó en claro durante su campaña, a saber: “no subiremos los impuestos” y “no abarataremos el despido”. Poco más de dos meses ha necesitado el Partido Popular para pasarse por el arco del triunfo las dos únicas promesas que hizo a los españoles. La puñeta es que ahora ya no sabemos por dónde nos van a salir en el próximo consejo de ministros, finiquitado su exiguo programa electoral, ¿cuales serán las próximas medidas?, ¡sorpresa!

Porque la tan cacareada reforma laboral, esa que iba a hacer que los empresarios se lanzaran a contratar a mansalva, al final se ha quedado en, básicamente, permitir que el empresario te pueda despedir con mucha mayor facilidad y con menor coste económico.

La reforma que nos vendió el PP durante la campaña consistía en unificar los tipos contractuales, legislando un “contrato único” para “acabar con la dualidad del sistema laboral español”, ¿recuerdan estas palabras?, porque las dijo Montoro, el flamante ministro de Hacienda.

Dicho así, la verdad es que no sonaba mal del todo, permitía que todos los contratos temporales pasaran a ser indefinidos, claro que en cuanto escarbabas un poco en la propuesta, te dabas cuenta de que se trataba de igualar a la baja los contratos: es cierto que pasaban a ser todos indefinidos, pero con los exiguos derechos de los temporales.

Ni que decir tiene que la reforma perpetrada no tiene ni siquiera ese pequeño beneficio, ya que los tipos contractuales se mantienen, y por lo tanto va a permanecer la dualidad que tanto molestaba al señor Montoro: los temporales lo seguirán siendo, y los indefinidos… bueno, esos serán lo que quiera el empresario, ya que la nueva ley les faculta para, de forma unilateral, cambiar el horario, las funciones a desempeñar por el trabajador, y, por supuesto, el sueldo. Si el trabajador decide no aceptar, se va a la calle con despido procedente, tomen nota de la palabra, porque esa es la auténtica piedra angular de la reforma.

La justificación que más oirán en boca de los representantes del Gobierno es que “la indemnización sólo se ha reducido de 45 a 33 días”, cierto y mentira a la vez, se trata de una cortina de humo de las que tanto gustan nuestro gobernantes: el objetivo real de la reforma es que, prácticamente, todos los despidos sean procedentes -ya han visto las causas por las que un despido a partir de ahora se considerará así- y en ese caso, la indemnización es de 20 días.

Por no hablar de que ahora el empresario tiene la potestad de rebajar los salarios a su voluntad, ¿cuantos jefes creen ustedes que se van a resistir a esa tentación?.

Puede que también hayan oído que la Administración podrá despedir a sus trabajadores, “por fin”, habrán pensado muchos, ya que en este país de envidiosos, está muy extendido el odio al funcionariado (en el fondo tan solo porque disfrutan de unas condiciones laborales que la mayoría no tiene). En realidad se trata de otra maniobra demagógica del Gobierno, esta Ley no puede cambiar las condiciones contractuales de los funcionarios, ya que para eso habría que reformar el Estatuto Básico del Empleado Público. A lo que hace referencia la reforma es al Personal Laboral al servicio de las Administraciones Públicas, y no al personal funcionario. ¿Va a beneficiar esto en algo al conjunto de los trabajadores?, no, pero ya saben cómo juega este Gobierno: mal de muchos, consuelo de tontos.

Disfruten de lo votado.

Raúl Martín Fernández

 

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