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La electricidad es un recurso natural y como tal no debería estar en manos privadas.

La electricidad es un recurso natural, y como tal no debería estar en manos privadas.

Si entregamos el sector eléctrico a la empresa privada, y otorgamos al “libre mercado” la facultad de fijar los precios… ¿por qué nos escandalizamos de que pongan el precio que más conviene a sus intereses empresariales?. Por lógica, las compañías eléctricas buscarán la forma en que su negocio les sea más rentable.
Una de esas formas es incrementar el precio que los ciudadanos pagamos por la electricidad, otras de las formas son reducir gastos en el mantenimiento y modernización de las redes eléctricas o de las plantas generadoras. Todas ellas fórmulas, que, en definitiva, perjudican al conjunto de los ciudadanos, ya que pagamos más y obtenemos un servicio de peor calidad.

La primera reacción es cabrearse, y de hecho hay un considerable cabreo estos días, con las eléctricas; pero como comentaba al inicio del artículo, las empresas privadas no hacen nada más que lo que está en su naturaleza, que es buscar el máximo beneficio económico, así que no nos enfademos con ellas, no son las culpables… enfadémonos con los que nos vendieron la milonga de que este modelo nos beneficiaba a todos, enfadémonos con los que nos engañaron diciéndonos que la gestión privada del sector produciría bajada de precios y un mejor servicio, porque el paso del tiempo ha demostrado, de forma irrefutable, que la privatización ha conllevado aumento de precios y empeoramiento del servicio.

Antes de continuar hay que aclarar que la generación y distribución eléctrica pertenece al grupo de los “monopolios naturales”, que son los sectores que, por su naturaleza, se explotan en régimen de monopolio. Un ejemplo muy claro de monopolio natural es el caso del alcantarillado y distribución de agua potable en las ciudades: en cada ciudad existe una sola red de agua y de alcantarillado, y sería altamente ineficiente que existiesen dos o más redes para que diferentes empresas pudiesen prestar el mismo servicio, por lo tanto, y aún en el caso de que dicho servicio esté privatizado, es un monopolio, privado, sí, pero monopolio al fin y al cabo.

El caso de la electricidad se encuadra en el mismo concepto de monopolio natural, ya que allí donde hay una planta de generación de energía, no va otra empresa a montar una segunda planta energética y una segunda red de distribución de fluido eléctrico. Por lo tanto, si no hay dos o más empresas que produzcan energía y distribuyan su producto para que yo pueda elegir entre ellas… pues estamos ante un caso de monopolio.
Es cierto que existen muchas empresas eléctricas, pero cada una opera en exclusividad en una zona geográfica, y esto es así porque no puede ser de otra manera dada la naturaleza de esta industria.
Recientemente se ha producido una “liberalización” de la comercialización, en virtud de la cual nosotros, como consumidores, podemos contratar el suministro con cualquier distribuidora. Pero si lo pensamos un poco, enseguida veremos que no se trata de una posibilidad real: el cable que llega hasta nuestra casa y la central que genera la electricidad siguen siendo las de la compañía “A”, por mucho que contratemos el servicio con la compañía “B”; por lo tanto, el dinero que nosotros le pagamos a “B”, esta compañía a su vez se lo pagará a “A” por el servicio que nos presta en su nombre. Toda una artimaña para mantener la ficción de que en este sector existe la libre competencia, algo que, como ya hemos visto, es imposible dada la naturaleza monopolística de este negocio.

Por lo tanto, y dado que no hay ningún beneficio para el ciudadano en que los monopolios naturales (recordemos, sectores en los que no puede haber competencia, como la generación de energía o la gestión del agua) estén en manos privadas, es mucho más lógico y eficiente que éstos servicios se gestionen directamente por el Estado.

La privatización y posterior liberalización de los servicios, se justifica, en la ideología liberal, con el razonamiento de que, las empresas privadas, al competir unas contra otras, buscan ofrecer el mejor servicio al menor precio, lo que redundaría en beneficio de los ciudadanos.
Pero en el caso que nos ocupa de la generación y distribución eléctrica, en el que únicamente una empresa puede operar en cada zona, desaparece ese argumento de la competencia.
No hay competencia, y por lo tanto no hay bajada de precios ni pelea por hacerse con más clientes, dado que cada empresa tiene asegurada la explotación de su zona en un monopolio de facto.

No se trata aquí de negar lo evidente, pero sí de reclamar lo razonable. Es evidente que la competencia entre empresas, en determinados sectores, arroja beneficios para el consumidor. Pero cuando dicha competencia es imposible debido a la propia naturaleza del sector, no existe justificación para entregarlo a manos privadas, ya que la única beneficiada será la empresa, pero sin que eso a su vez redunde en ventaja alguna para nosotros.

Por lo tanto, lo razonable en estos casos es reclamar que el beneficio sea para toda la sociedad, y no únicamente en términos económicos, ya que no se puede olvidar la fortaleza que le otorga a la política exterior de un Estado el manejar sus propios recursos energéticos. Beneficios y fortalezas que solo obtendremos mediante la propiedad y gestión públicas tanto de la generación como de la distribución de la energía eléctrica.

Raúl Martín Fernández

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